Ante la inminente aprobación de esta Ley, organismos internacionales de Derechos Humanos como CNDH y CIDH han pedido protocolos de defensa para trabajadores de la comunicación.
En el texto se indica que la ONU-DH "ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone porque [...] generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos. Por lo que instamos al mandatario de México, a anular dicha Ley, pues de lo contrario, habrían duran sanciones".
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas de Derechos Humanos y la ONU expresan durante que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y en conjunto con la reforma al código federal peligran tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, y con esta se viola los derechos humanos.
La ONU y la presión de diferentes movimientos sociales, incluso Amnistía internacional, exigieron a la ONU, sancionar a México por fomentar la ley de seguridad interior, así mismo la ONU, exigió al mandatario mexicano que la derogara lo antes posible de lo contrario podría traer a futuro graves consecuencias del ámbito sangriento para el pueblo mexicano, además es una violación a los derechos humanos.
Es precisamente ante la inminencia de la aprobación de esta Ley que estos organismos, cuyos representantes fueron entrevistados por Proceso, ya solicitan la aplicación de protocolos que garanticen la seguridad de trabajadores de la comunicación ante el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio de un país que ocupa uno de los primeros lugares entre los países más riesgosos para ejercer el periodismo. Esta ley, dicen, por sus ambigüedades, expone a comunicadores a la obstrucción de su trabajo y los somete a vigilancia.
Ni la capacitación ni "los límites" a militares que tanto la ONU como la CIDH llamanron a establecer y respetar en un documento con 23 recomendaciones puntuales entregado a la cancillería mexicana y a la Secretaría de Gobernación, son garantías que no sirvieron de nada en este régimen en donde los funcionarios públicos, principalmente integrantes del Ejército y las fuerzas federales, son los responsables de entre el 47% y el 68% de las agresiones contra periodistas. Esto al mismo tiempo en que el 90% de los crímenes contra periodistas continúan impunes.
Loading...
